El progreso tecnológico ha cambiado radicalmente nuestra forma de interactuar con la información y, en consecuencia, el manejo de las pruebas en los procedimientos judiciales. Actualmente, la prueba digital tiene un rol crucial en los procesos judiciales, dado que cualquier información producida, obtenida, guardada o transmitida a través de medios digitales puede ser considerada como evidencia en un juicio. No obstante, este tipo de prueba se topa con retos singulares respecto a su validez y autenticidad.
Una de las técnicas más habituales de pruebas digitales en los procesos judiciales es la captura de pantalla de diálogos de mensajería instantánea, correos electrónicos o cualquier otro tipo de comunicación digital. Frecuentemente, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y los correos electrónicos se presentan como evidencia en procedimientos judiciales. Sin embargo, la legitimidad de estos componentes podría ser dudosa si no se aplican procedimientos apropiados para asegurar su autenticidad e integridad.
Por ejemplo, las capturas de pantalla son de fácil manejo. Cada individuo con habilidades básicas de edición digital tiene la capacidad de alterar tanto el contenido del mensaje como la propia imagen. Esto amenaza la fiabilidad de la prueba y presenta un grave problema respecto a la autenticidad de la información.
Adicionalmente, las capturas de pantalla no facilitan una verificación definitiva de la identidad de los emisores y receptores del mensaje, un elemento crucial para determinar la autenticidad del diálogo.
Para que la prueba digital tenga validez en un proceso judicial, debe satisfacer ciertos criterios fundamentales. La autenticidad es uno de los elementos más cruciales, es imprescindible evidenciar que la información se originó de quien se afirma que proviene. Esto es particularmente importante en situaciones donde se muestran capturas de pantalla, dado que es necesario verificar que el individuo que figura en el mensaje es realmente el que lo transmitió.
La veracidad de las pruebas también es esencial. La prueba digital debe mantenerse sin alteraciones, cambios ni supresión. Cualquier modificación hecha en las pruebas podría invalidarlas, por lo que es necesario utilizar tecnologías que aseguren que los datos no han sido alterados.
El reto principal con las pruebas digitales radica en su susceptibilidad. En contraposición a los documentos físicos, que necesitan evidencias palpables como firmas o huellas dactilares para asegurar su autenticidad, los datos digitales pueden ser modificados y duplicados sin dejar huella. Esto supone un peligro considerable en el terreno jurídico, puesto que suscita la interrogante de cómo asegurar que los datos aportados como evidencia no han sido alterados.
La Ley de Comercio Electrónico de Ecuador constituye un marco regulatorio esencial en el control de la prueba digital. En su Artículo 2, la ley considera a los mensajes de datos como documentos digitales que poseen el mismo valor legal que un documento escrito. Esto implica que cualquier documento electrónico producido de acuerdo con la legislación, como los mensajes de WhatsApp, posee el mismo valor de prueba que un documento físico, siempre que satisfaga las condiciones de autenticidad y titularidad.
El Artículo 52 de dicha ley dicta que los documentos electrónicos expedidos de acuerdo con la reglamentación serán vistos como medios de prueba, independientemente de su procedencia o creación. Para que estos documentos puedan ser utilizados como evidencia en un proceso judicial, deben satisfacer las condiciones establecidas en la legislación respecto a su autenticidad, procedencia y la propiedad del emisor de la cuenta.
Para que la prueba digital posea validez jurídica, debe respetar tres principios esenciales:
- Autenticación: La información proporcionada debe provenir de la persona de la que se afirma que procede. Es vital evidenciar que el remitente del mensaje es quien sostiene ser y que el contenido del mismo no ha sufrido modificaciones.
- Independencia: La prueba digital debe conservarse sin cambios, cambios o supresión de la información desde su generación hasta su exposición en el juicio.
- Titularidad: Es necesario verificar el propietario de la cuenta o del usuario que ha transmitido el mensaje, asegurando así la responsabilidad del individuo en la creación del contenido.
Estos principios son fundamentales para que la prueba digital pueda emplearse de forma eficaz en procesos jurídicos y en la solución de disputas. La autenticidad, la integridad y la titularidad garantizan que los datos aportados como prueba no solo sean confiables, sino que también se ajusten a las normas legales para ser admitidos en el sistema judicial.
La prueba digital se ha transformado en un recurso esencial en los procedimientos judiciales, aunque su legitimidad se basa en la adecuada administración y comprobación de su autenticidad e integridad. Las tecnologías contemporáneas, tales como los certificados digitales y los marcos temporales, ofrecen instrumentos para garantizar que los documentos digitales no han sido modificados y satisfacen las exigencias legales. Al poner en práctica estos principios, podemos asegurarnos de que la prueba digital pueda tener un rol esencial en la solución de casos jurídicos y en la búsqueda de justicia.
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