¿Una Constitución hecha por IA? Reflexiones desde Ecuador

Samantha Pavón

Hace apenas unos meses, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron una noticia que parece sacada de un episodio de ciencia ficción: el lanzamiento del primer sistema de producción legislativa del mundo impulsado por inteligencia artificial. El objetivo es claro: redactar leyes en tiempo récord, analizar su impacto en tiempo real y detectar vacíos normativos mediante algoritmos inteligentes. Sí, la inteligencia artificial ha llegado al corazón mismo del poder normativo.

Este hito no solo revoluciona la forma en que se concibe la función legislativa, sino que plantea una serie de reflexiones para quienes defendemos el Derecho como herramienta de construcción democrática. Y más aún, para países como Ecuador, donde ha vuelto al debate público la posibilidad de convocar a una nueva Asamblea Constituyente.

¿Puede la IA escribir mejores leyes?

El proyecto impulsado por el gobierno de Dubái contempla que una Oficina de Inteligencia Legislativa sea la encargada de integrar todo el ecosistema normativo (leyes, reglamentos, jurisprudencia, procesos administrativos y servicios públicos) para generar normas más eficaces, claras y adaptadas a la realidad social.

En principio, suena ideal: menos burocracia, más agilidad, mejor evaluación de impacto. Pero… ¿Qué pasa con la deliberación pública? ¿Con el consenso político? ¿Con la sensibilidad humana que debe estar presente en toda ley que busque regular la vida en sociedad?

La inteligencia artificial puede procesar millones de datos en segundos. Lo que no puede —aún— es entender lo que significa vivir en carne propia la exclusión, la desigualdad o la necesidad de justicia social. La norma puede ser técnicamente perfecta, pero políticamente injusta.

Ecuador, en un punto de inflexión

Mientras tanto, en Ecuador, el discurso sobre una nueva constituyente vuelve a tomar fuerza. Un país golpeado por la inseguridad, la crisis institucional y la pérdida de confianza en sus órganos de control, busca reconfigurar las reglas del juego. Y aquí es donde el ejemplo de Emiratos puede resultar tan inspirador como preocupante.

¿Podríamos pensar en introducir herramientas tecnológicas para apoyar el proceso constituyente? ¿Usar inteligencia artificial para sistematizar insumos ciudadanos, analizar propuestas, identificar contradicciones normativas o comparar con otras constituciones del mundo?

Por supuesto. La tecnología puede y debe ser aliada de la democracia. Pero jamás su reemplazo. Lo peligroso sería creer que por el solo hecho de incorporar IA, ya se garantiza un proceso de constitución más justo o legítimo.

¿Legislar más rápido o legislar mejor?

La velocidad nunca debería reemplazar al contenido. En sociedades marcadas por profundas brechas sociales, la ley debe construirse con tiempo, con participación, con pedagogía. Debe entenderse como un acuerdo colectivo, no como un código perfecto generado por un algoritmo.

El riesgo de “tecnificar” el derecho sin ética, sin humanidad y sin contexto es que terminemos creando leyes que, aunque impecables en forma, terminen siendo invisibles para quienes más las necesitan.

¿Qué podemos aprender?

La apuesta de los Emiratos nos obliga a mirar hacia adelante. No para copiar un modelo, sino para preguntarnos qué tipo de instituciones queremos construir en esta era digital. ¿Estamos listos para modernizar la producción normativa sin perder el alma del derecho? ¿Podremos usar la IA para fortalecer la transparencia y la participación, y no para sofisticar la exclusión?

En Ecuador, en lugar de pensar que una nueva constitución resolverá nuestros problemas como por arte de magia, tal vez debamos preguntarnos primero cómo estamos produciendo las normas hoy, con qué actores, con qué principios y con qué herramientas.

La modernización legislativa es urgente. Pero también lo es rescatar el valor de la palabra pública, del diálogo social y de una ética jurídica que no sea ajena al dolor de quienes menos tienen.